- El legislador Héctor Raúl García, del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), planteó la expedición de la Ley para la Atención y Protección de las y los Mexiquenses Migrantes y sus Familias.
- La propuesta incluye la creación de un instituto, un fondo y un registro para la defensa de migrantes.
- Afirmó que la nueva ley responde al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
El parlamentario Héctor Raúl García González (PVEM) propuso expedir una Ley para la Atención y Protección de las y los Mexiquenses Migrantes y sus Familias, que conlleva la creación del Instituto Mexiquense de Asistencia y Protección al Migrante Mexiquense, de un fondo de apoyo y un registro estatal.
Lo anterior, enfatizó el legislador, derivado de la problemática actual que enfrenta el país con los Estados Unidos, por lo que resulta fundamental promover acciones que garanticen un trato respetuoso y digno para todas las y los mexiquenses migrantes que regresan por decisión propia, o por deportación, derivado del endurecimiento de las políticas migratorias de la actual administración de aquel país.
De acuerdo con la iniciativa, que también abroga la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México (vigente), la nueva ley tiene como objetivo definir claramente los derechos de este sector poblacional, favorecer la reinserción económica y social, y trazar una ruta para la atención de las personas repatriadas.
Además, establece que el Instituto coordine y articule las políticas, estrategias y programas en la materia, apoyado por la figura de un Consejo Estatal de Migración; que el Fondo de Apoyo a Migrantes brinde apoyo económico, social y logístico a las personas que enfrenten situaciones de deportación o retorno forzado; y que el registro estatal de las y los mexiquenses migrantes en el extranjero se consolide como un instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas.
Considera definir responsabilidades específicas a los órganos del Estado, respecto a su participación en la garantía de los derechos de las personas migrantes, así como las acciones estatales de asistencia social, como el apoyo en caso de deportación y repatriación (incluso de cadáveres).
El parlamentario compartió que la Coordinación de Asuntos Internacionales de la entidad tiene el registro de aproximadamente 1.3 millones de mexiquenses que cuentan con su matrícula consular de primera generación, aunque se estima que la cifra de mexiquenses ilegales podría ser tres veces mayor, es decir alrededor de tres millones.