Abel Pérez Zamorano
Instrumentar un modelo económico eficiente y equitativo, protector de la soberanía y promotor del desarrollo, demanda ingentes recursos, y un esquema fiscal justo. Teóricamente, los impuestos deben regresar al pueblo como servicios públicos y gasto social, pero los gobernantes, en una visión patrimonialista, consideran suyo el erario y se arrogan el derecho de gastarlo a su gusto, o al de sus padrinos del gran capital, no en lo que la sociedad requiere. Por ejemplo, en lugar de aplicar los impuestos cobrados en mejorar las carreteras, se las deja deteriorar y se nos impone peaje en autopistas de cuota: doble pago. En otra doble tributación, los impuestos directos gravan el ingreso del contribuyente, como el ISR, que los trabajadores pagan de su salario (19.6%), además de los indirectos, aplicados al público en el consumo, cuando compra, como el IVA o el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Pagamos doble.
Sufrimos un esquema fiscal regresivo que impone a ricos y pobres igual porcentaje a pagar de sus ingresos, con lo que se acumula la riqueza. El IVA, aplicado por igual, es también regresivo, pues los más pobres gastan una proporción mayor en bienes de primera necesidad; no ahorran. Y es muy elevado. Somos sexto lugar latinoamericano con mayor IVA (16%): en Bolivia y Costa Rica se paga 13%, Ecuador, Guatemala y Venezuela 12, Puerto Rico 11.5, Paraguay 10, Panamá 7 (Economipedia, 21 de agosto de 2015). En el mundo ocupamos el sitio 29 entre los países con mayor IVA (Banco Mundial).
La carga fiscal sobre los más ricos es irrisoria. Entre los países donde quienes más ganan más pagan, en la OCDE y la UE, “México ocupa el puesto número 40 de 41 evaluados” (Tax Foundation, El Financiero, 19 de mayo de 2020). Por otra parte: “La recaudación tributaria en México, medida como porcentaje del PIB, es la menor dentro de los países miembros de la OCDE. En donde presenta mayor rezago es en la recaudación de gobiernos locales y los impuestos al capital, como impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre la riqueza […] La baja recaudación observada hace necesario discutir la necesidad de una reforma fiscal, analizando a fondo la recaudación de gobiernos locales y los impuestos al capital” (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, 26 de marzo de 2019).
Entre 35 países de la OCDE, ocupamos el último lugar en recaudación: 16.5% del PIB (el promedio 33.8%). El más alto es Dinamarca, 46.3%; “Este país aprovecha sus ingresos fiscales relativamente altos, sobre todo para subsidiar la educación superior: la universidad es gratuita para todos los ciudadanos” (El Economista, 29 de julio de 2021). Le siguen: Francia y Alemania, que recaudan de quienes tienen dinero y distribuyen mediante gasto social e inversión pública entre quienes menos tienen. “En teoría […] cuanto más alto sea el ratio del PIB, mayor será la proporción de dinero que se destina a las arcas públicas y si se gestiona eficazmente, podría favorecer al sector de la salubridad y a la prosperidad económica en el largo plazo” (Ibíd.).
Frente al esquema fiscal regresivo, altamente concentrador, el progresivo distribuye, aplicando más impuesto a quienes más ganan. A este respecto, es necesario hacer aquí un alto para señalar que en México ha destacado el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista, como el único líder social y pensador que ha tenido la valentía intelectual y política de proponer, reiteradamente, desde hace muchos años, la aplicación de un régimen fiscal progresivo como mecanismo distributivo, complementándolo (en lo que ha denominado los “cuatro ejes fundamentales de un nuevo modelo económico”), con el gasto social, generación de más empleos y elevación de salarios reales. Una propuesta esperanzadora para los pobres y clases medias, porque, además de una idea científica, económicamente viable y socialmente necesaria, es indispensable la fuerza política suficiente para ponerla en práctica, y precisamente, el Movimiento Antorchista, como la organización social más grande y estructurada en México, es la única capaz de hacer realidad un modelo económico más justo. Por ello, precisamente, le atacan y difaman con tanta saña las fuerzas oscuras del sistema, guardianes ocultos del modelo económico en vigor.
Además del impuesto progresivo al ingreso, debe gravarse la riqueza de los potentados. En Estados Unidos “Candidatos demócratas como Elizabeth Warren o Bernie Sanders proponen la creación de un impuesto a la riqueza de los multimillonarios para disminuir la desigualdad […] y aumentar con ello el gasto social en sectores como la salud o la educación” (BBC News, 17 de enero de 2020). Proponen “… usar ese dinero para aumentar el gasto social en salud, educación e infraestructura […] [gravar] activos como sus acciones en la bolsa, yates, propiedades, joyas y todo aquello que forme parte de su fortuna” (BBC News, 15 de enero de 2020). Este gravamen opera ya en España, Noruega, Suiza y Bélgica, y en Argentina, Colombia y Uruguay, país este último con menos pobreza y desigualdad en la región, y que con este impuesto recauda 1% del PIB, aplicando a los más acaudalados un gravamen entre 0.7 y 1.5% sobre su riqueza; en Colombia se cobra 1% a quienes poseen más de 1.5 millones de dólares; en Argentina, 1.2% de la riqueza (BBC News, 17 de enero de 2020).
En igual sentido, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, señala que: “‘La desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos’ […] el impuesto a la riqueza ‘es una alternativa válida, un instrumento muy útil’, dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva. ‘La recaudación que ha alcanzado este impuesto en Argentina, Colombia y Uruguay no es trivial en ninguno de los casos’ […] ‘Para una región que le cuesta recaudar, este puede ser un impuesto muy bueno e importante’” (BBC News, 17 de enero de 2020). Y aquí también vamos a la zaga: “En este rubro la recaudación de México es la menor entre los países bajo estudio…” (CIEP).
Para colmo, luego de pagar gravámenes iguales que los causantes de bajos ingresos, los corporativos disfrutan cuantiosas condonaciones y perdones fiscales, y evaden impuestos. “La evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos (unos 69,095 millones de dólares) lo que equivale al 6 % del producto interno bruto (PIB) nacional, según la firma de asesoría Fixat […] De esta evasión fiscal, el 52 % pertenece a grandes contribuyentes…” (Los Angeles Times, 23 de julio de 2021). Igualmente: “Algunos estudios estiman que en los países más ricos alrededor del 10% de los ingresos en concepto de impuestos de sociedades “se pierden” por la evasión fiscal de las multinacionales […] en los países en desarrollo las pérdidas son aún mayores” (Noticias ONU, 13 Julio de 2020). Agréguese lo depositado en paraísos fiscales o en esquemas como “Pandora Papers”, recursos valiosos para el desarrollo social, sustraídos al fisco con la complicidad de gobiernos omisos, de los de antes y de los de ahora.
En fin, está la desproporción entre la recaudación federal y los estados y municipios: “Al desagregar la recaudación en federal y local, se observa que México tiene una dependencia mayor en la recaudación federal que el resto de los países […] en México es mayor que la de Alemania y Estados Unidos; sin embargo, en el ámbito local es la menor por una diferencia considerable. La recaudación local en México representa 0.9% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 5.1%” (CIEP, 26 de marzo de 2019). Ante este cuadro no se avizora solución con la 4T. López Obrador se niega en redondo a modificar el régimen fiscal, protegiendo así a las grandes fortunas y dañando a los pobres.
Como soluciones relevantes en este rubro, destacan las siguientes: un régimen fiscal progresivo: a mayor ingreso, proporcionalmente mayor gravamen, y poco, o casi nada, deben pagar quienes ganen muy poco; asimismo un impuesto a la riqueza de los más acaudalados y a las transnacionales, complementado con regulaciones y combate enérgico a la evasión por los grandes corporativos y la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Reducir el IVA, carga agravada hoy por la gran inflación. Equilibrar la capacidad recaudatoria entre la federación, los estados y municipios, dándoles mayor margen para atender las necesidades de su población, sin depender hasta el extremo, como hoy, del capricho de los gobiernos federales. Finalmente, mediante la exigencia social obligar a los gobiernos a dejar de considerar el erario como su propiedad y respetarlo como patrimonio de todos.