El municipio de Calimaya ha sido identificado por autoridades federales y estatales como un punto rojo en el mapa de seguridad del Estado de México, ante el incremento de hechos vinculados a grupos delictivos y la creciente tensión política entre actores locales.
Informes recientes de inteligencia colocan al municipio y su entorno como una zona de riesgo, debido a las disputas que involucran a presuntas organizaciones delictivas con presencia en la región sur del Valle de Toluca, particularmente en áreas que colindan con el estado de Guerrero.
Las investigaciones apuntan a la existencia de un conflicto entre el actual alcalde de Calimaya, Omar Sánchez Velázquez, y su antecesor, Oscar Hernández Meza, derivado de la política de seguridad aplicada, los operativos y acciones llevadas a cabo y los presuntos vínculos de autoridades municipales con grupos antagónicos que operan en la zona.
La confrontación entre ambos grupos políticos -el saliente y el entrante- ha encendido las alertas en instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Autoridades consultadas señalan que, tras la difusión de reportes que supuestamente vinculan al edil Sánchez Velázquez con acciones fuera de la ley, se han realizado esfuerzos por deslegitimar y bloquear la información en redes sociales. Sin embargo, los hechos han derivado en una atención reforzada por parte del Gobierno federal y estatal ante el riesgo de que la disputa derive en mayores niveles de violencia.
El área en cuestión incluye municipios como Metepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Coatepec Harinas, donde se ha documentado la presencia de células criminales con historial de violencia y disputa territorial. Esta franja ha sido catalogada como prioritaria dentro de la estrategia nacional de seguridad.
Fuentes de inteligencia han advertido que el escenario podría deteriorarse aún más si no se contiene a tiempo, ya que la región está siendo observada como una “plaza” en disputa entre grupos de alto riesgo, lo que podría desestabilizar los avances logrados por el gobierno mexiquense en materia de seguridad.
Además, se ha reportado que los actores señalados mantienen presuntos vínculos con organizaciones delictivas que actualmente se enfrentan en otras entidades, como Sinaloa, donde se han desplegado operativos coordinados por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona, considerando que el conflicto local y la presencia de estos grupos podrían escalar, afectando directamente a la población civil y comprometiendo la estrategia de pacificación impulsada desde el gobierno que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.