Por años, el delito de despojo ha sido una sombra creciente sobre miles de familias mexiquenses, pero fue hasta que una mujer de 74 años, armada y harta de la impunidad, disparó contra los invasores de su casa en Chalco, que el tema estalló en el debate público. No fue una película ni un montaje: fue el grito desesperado de una víctima, que encontró en la violencia su único recurso para defender lo que la ley le negó.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México encabeza el ranking nacional de denuncias por despojo en 2025, con el 18.4% del total del país. Es decir, casi 2 de cada 10 denuncias por este delito ocurren en territorio mexiquense. Y lo peor: muchas más víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque saben que las autoridades se cruzan de brazos.
El caso de doña Carlota “N” —ya apodada por la prensa como la “abuelita sicaria”— no es una anécdota aislada. Es el rostro visible de una tragedia invisible: mafias organizadas que se apropian ilegalmente de casas y departamentos para luego rentarlos, venderlos o incluso hipotecarlos. Tanto ella como los supuestos invasores fueron estafados por la misma red. Todos víctimas, todos abandonados.
Este esquema criminal no sería posible sin cierta tolerancia —cuando no complicidad— de autoridades municipales que permiten o ignoran estas prácticas. Se trata de una maquinaria que opera con contratos falsos, notarios corruptos, amenazas y vacío legal.
Ante la presión mediática, la gobernadora Delfina Gómez anunció a través de su secretario general de Gobierno, Horacio Duarte que su administración “se pondrá las pilas” para atender, atacar y erradicar este delito.
Es un buen comienzo, pero no puede quedarse en el discurso. Se necesitan acciones urgentes y contundentes: unidades especializadas, mapas delictivos de zonas invadidas, protección real a las víctimas y un marco legal más severo contra los usurpadores y sus redes.
Mientras tanto, muchas familias siguen viviendo con miedo. Temen salir de sus casas y regresar a encontrar puertas rotas, ventanas bloqueadas o a desconocidos durmiendo en sus camas. Temen perder su patrimonio, su hogar, su historia.
No se trata de justificar la violencia, pero sí de entender su raíz. Cuando el Estado falla, cuando la justicia se vuelve inaccesible, las víctimas se ven orilladas a defenderse como pueden. Que una mujer de la tercera edad tenga que tomar un arma para hacer valer su derecho es la señal más clara de que el sistema ha colapsado.
El Estado de México necesita recuperar el control territorial, el orden jurídico y la confianza ciudadana. Y eso solo se logrará si se actúa con firmeza y sin simulaciones.