En el Estado de México, donde la violencia familiar sigue siendo una de las problemáticas más persistentes y dolorosas para miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la participación decidida de los 125 ayuntamientos no es sólo deseable: es urgente y vital. La reciente ratificación del convenio con el Poder Judicial del Estado de México para fortalecer el funcionamiento del Juzgado Especializado en Violencia Familiar y de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes —que operará 24/7 los 365 días del año— representa una oportunidad histórica para que los gobiernos municipales actúen con la responsabilidad y sensibilidad social que la situación exige.
No se trata únicamente de celebrar convenios. Se trata de entender que, para la mayoría de las personas víctimas de violencia, el primer lugar al que recurren en busca de ayuda es su ayuntamiento, su policía local, su regiduría, su sistema DIF. Los municipios son la primera trinchera institucional frente a las agresiones, y por eso deben ser también los primeros en responder con contundencia, empatía y eficacia.
Los ayuntamientos con mayor población —como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec— han comenzado a consolidar un esquema de actuación ejemplar a través de tres vertientes que deberían ser replicadas en toda la entidad:
- Reforzamiento de canales de comunicación oportuna con las áreas de seguridad municipal, para una atención inmediata ante situaciones de violencia, sin burocracia ni dilación.
- Implementación de senderos seguros y bien iluminados, que garanticen espacios públicos libres de violencia donde niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan transitar sin miedo.
- Creación de burbujas seguras, es decir, espacios de resguardo inmediato para mujeres víctimas de violencia, donde puedan recibir protección temporal mientras se activa una ruta de atención institucional.
Estos esfuerzos marcan una pauta, pero no deben quedarse en zonas metropolitanas. Municipios como Toluca, Metepec, Atlacomulco y Tejupilco, que también enfrentan problemáticas graves en materia de violencia de género y familiar, deben acelerar su participación con estrategias claras, presupuesto etiquetado y voluntad política real.
Es indispensable que los gobiernos municipales reconozcan que el Poder Judicial está dispuesto a actuar y respaldar decididamente estas acciones, con herramientas jurídicas, personal especializado y mecanismos ágiles que permiten mejorar el impacto del apoyo institucional. El compromiso de esta instancia judicial no debe subestimarse: representa una palanca clave para transformar la dura realidad que enfrentan miles de mujeres y familias en la entidad.
No hay excusa válida para la omisión. La violencia familiar no respeta geografía, clase social ni ideología política. Atenderla requiere coordinación entre niveles de gobierno, pero sobre todo, compromiso local. Las autoridades municipales deben asumir su papel no como auxiliares, sino como actores protagonistas de la prevención y erradicación de la violencia. Porque la seguridad y la dignidad de las familias mexiquenses empieza en el municipio.
Y el momento de actuar es ahora.