- Avala Legislatura mexiquense reformas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que el Ejecutivo estatal formule políticas públicas que mejoren el ingreso económico y disminuyan las carencias sociales.
- Los ajustes al marco normativo implican que se incluyan los derechos y obligaciones de personas beneficiarias en las reglas de operación de los programas sociales.
El Congreso local aprobó reformas para que el Ejecutivo estatal formule y aplique políticas públicas, programas y acciones para mejorar el ingreso económico y disminuir las carencias sociales, e incluir los derechos y obligaciones de personas beneficiarias en las reglas de operación de los programas sociales.
De acuerdo con el dictamen de la iniciativa (impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez) leído en tribuna por el legislador Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), las reformas cambian la denominación de la Ley de Desarrollo Social estatal por Ley de Bienestar y Desarrollo Social, y procuran la generación de condiciones que eleven el bienestar social y la protección de los derechos sociales de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza, carencias sociales y marginación.
De igual manera, indica que, entre los planes y programas estatales y municipales de desarrollo social, se priorizan el acceso a la educación; a los servicios de salud; a la alimentación de calidad y a la nutrición (en especial la materno infantil, y el abasto social de productos básicos); al espacio y servicios básicos en una vivienda adecuada; así como el contribuir a elevar la calidad de vida de las personas beneficiarias.
El documento, elaborado por la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social de la LXII Legislatura mexiquense, añade que esta ley establecerá las bases para un bienestar integral, a fin de disminuir la pobreza, las carencias y la desigualdad.
Además, puntualiza que las herramientas tecnológicas diseñadas para proporcionar información detallada sobre los programas sociales, requisitos y beneficios disponibles considerarán los ajustes y necesidades de personas con discapacidad y aquellas con limitaciones de alfabetización, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal.
Con esta reforma, que implican modificaciones a las leyes estatales de desarrollo social, de justicia cotidiana, de vivienda, del seguro de desempleo y la orgánica municipal, se define a la pobreza como la situación en la que se encuentran las personas, cuando presentan alguna de las carencias sociales y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
En su intervención, el legislador Edmundo Luis Valdeña resaltó que la reforma consolida lo que a nivel federal inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y es acorde a las políticas de bienestar impulsadas por la gobernadora para beneficio de la población.