
- Parlamentarias de la LXII Legislatura han impulsado, con acciones legislativas, eventos y pronunciamientos, una agenda en favor de las mexiquenses.
- Responden legisladoras a la confianza que depositó el pueblo en ellas, particularmente las mujeres.
Con la integración paritaria en la LXII Legislatura mexiquense, conformada por 37 diputadas, 37 diputados y 1 diputade, las legisladoras locales han respondido a la confianza del pueblo mexiquense, particularmente de las mujeres, a través de acciones que han impulsado una agenda feminista.
Estas acciones contribuyen a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), que en este año reivindica la ampliación de derechos, poder y oportunidades para las mujeres, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás.
Como parte del Constituyente Permanente, el Congreso mexiquense aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el Estado garantice el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres, y que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo cual el Estado tiene deberes forzados de protección a las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Para saldar una deuda histórica con las mujeres, se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y se reforzó la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Asimismo, la legislatura exhortó a los municipios a cumplir con el principio de paridad en la designación de personas titulares del gobierno y las diversas áreas de la administración pública.
La iniciativa fue firmada por las legisladoras Zaira Cedillo Silva (morena), Paola Jiménez Hernández (independiente), Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM), Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena), Graciela Argueta Bello (morena), Brenda Colette Miranda Vargas (morena), Angélica Pérez Cerón (morena), María José Pérez Domínguez (morena), Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), Ruth Salinas Reyes (MC) y Araceli Casasola Salazar (PRD), así como por le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena).
A iniciativa de la legisladora Zaira Cedillo, el Congreso mexiquense solicitó a la Cámara de Diputados Federal diversas reformas a la Carta Magna para actualizar el lenguaje constitucional y legal del país, reconociendo a las mujeres y contribuyendo a la paridad y equidad en todos los espacios de la vida pública.
Además, se avalaron iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que las unidades de igualdad de género y erradicación de la violencia incorporen la perspectiva de género en la administración, así como para que las universidades, tecnológicos de estudios superiores y escuelas normales públicas estatales destinen por lo menos el 10 por ciento de su matrícula a mujeres con discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Por morena, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza propuso la “Ley de Licencia Menstrual”, un conjunto de reformas para que las personas servidoras públicas tengan derecho a una licencia con goce de sueldo íntegro, de uno a tres días naturales al mes, en caso de imposibilidad para desempeñar sus labores por motivos de endometriosis o dismenorrea (menstruación dolorosa) en grado incapacitante.
La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso planteó que las instancias de gobierno atiendan la violencia en la comunidad y garanticen el libre tránsito mediante mecanismos de vigilancia; y la parlamentaria Susana Estrada Rojas formuló que las mujeres sean orientadas en la interposición de acciones legales cuando se trate de violencia en su contra y que el Instituto de la Defensoría Pública estatal actualice las medidas administrativas de protección en su favor y las sanciones contra los agresores.
En representación del PVEM, la legisladora Gloria Vanessa Linares propuso introducir a la violencia vicaria dentro de los tipos de violencia que son cometidos en el ámbito familiar, y que requieren protección, con lo que la víctima podría interponer demanda de estos hechos ante la jueza o juez de primera instancia.
Su compañera, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa planteó incorporar el principio de igualdad sustantiva en la Constitución local y crear la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razón de Género.
Del PT, la parlamentaria Ana Yurixi Leyva Piñón formuló que, en los casos de violencia intrafamiliar, se ordene al agresor la inmediata desocupación del domicilio de la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, incluso en los casos de arrendamiento del matrimonio en sociedad conyugal o separación de bienes.
Asimismo, las parlamentarias del PAN presentaron un conjunto de reformas en defensa de las mujeres embarazadas, mediante la creación de la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna; apoyo monetario a mujeres menores de edad en gestación para continuar sus estudios y recibir atención médica; sanciones de hasta cinco años de cárcel a padres que no aporten para gastos de embarazo, parto y puerperio; y admitir el procedimiento sumario de pensión alimenticia, en caso de enfermedad de hijas e hijos.
La diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) planteó que autoridades estatales y municipales diseñen políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial, para impulsar el empoderamiento de las mujeres y acciones para su acceso a financiamientos, capacitación y redes empresariales.
De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas propuso que se garanticen las condiciones para que las mujeres accedan a la titularidad de la propiedad y tener un patrimonio familiar seguro.
Por el PRD, la legisladora Araceli Casasola formuló identificar que las egresadas de un albergue para mujeres víctimas de violencia de género ya no se encuentren ante situaciones de riesgo, como una medida de protección.
Por otro lado, a propuesta de la legisladora Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), las parlamentarias de morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD firmaron el pacto de sororidad “Por la unión de las mujeres políticas del Estado de México”, con la cual se sumaron a los esfuerzos que buscan la unidad, respeto y alianza entre mujeres; la sororidad política, así como visibilizar y desnaturalizar la violencia política en razón de género.
Además, la diputada Zaira Cedillo exigió una disculpa pública a Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, para las mujeres y niñas, por presuntamente violentar a una menor al firmar su rostro con un marcador permanente, y secundar las declaraciones de Everardo Padilla Camacho, primer regidor de la localidad, en las que aseguró que, con la paridad de género en las administraciones municipales “no se busca la paridad, lo que se busca es la caridad”.
La legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT) se ha pronunciado con motivo del “Día de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre); la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre); y las parlamentarias Graciela Argueta, Ana Yurixi Leyva Piñón y Paola Jiménez, por el “Día Internacional de la Mujer” (8 de marzo).
También, en diversas conferencias, las legisladoras Ana Yurixi Leyva y Ruth Salinas señalaron que, a través de la unidad, sin importar ideologías ni tintes partidistas, las mujeres pueden acompañarse en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres; y parlamentarias de morena, PT y PAN han destacado los esfuerzos de la sociedad civil organizada para combatir la violencia de género.
En materia presupuestal, el Congreso etiquetó 110 millones de pesos (mdp) para el programa Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, de los cuales 57 mdp son para “Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de feminicidio”, 35 mdp a “Atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición” y 18 mdp para la “Canasta alimentaria por el delito de feminicidio”.
Además, se consideraron 5 mdp para el “Cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social del Estado de México”, para otorgar apoyo que consistirá en canasta alimentaria y vestido para las y los menores, así como 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de las mujeres embarazadas, en cada uno de estos centros.