- Esta modificación evitará restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, por considerar que criminaliza la crítica hacia las personas servidoras públicas.
- El dictamen conjuntó iniciativas de la bancada de MC y de la gobernadora Delfina Gómez.
Por unanimidad, la LXII Legislatura mexiquense aprobó eliminar del Código Penal estatal el delito de ultrajes, con el fin de evitar restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, por considerar que criminaliza la crítica hacia las personas servidoras públicas.
El dictamen, que conjuntó las iniciativas de la bancada de MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, precisa la derogación del Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, y los artículos 126 y 127, del Código Penal del Estado de México.
El documento, leído en tribuna por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), comparte que este delito se definía como toda expresión, directa o indirecta, o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio.
Además de preservar los derechos humanos y la libertad de expresión, la derogación de este delito elimina consecuentemente las sanciones de hasta dos años de prisión para quien ejecutara ultrajes contra instituciones públicas, y de hasta un año de prisión para quien los cometiera en contra de una persona servidora pública.
La reforma evitará restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión, toda vez que se considera al delito como anacrónico y que no corresponde a las demandas de una sociedad que valora el escrutinio público hacia sus autoridades.
Resalta la necesidad de ajustar el marco jurídico estatal, dado que el delito es contrario al orden constitucional, pues vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución y los tratados internacionales.
Al respecto, el diputado Jorge Jiménez Martínez (MC) recordó que, desde a LXI Legislatura su bancada presentó, a través del legislador Martín Zepeda Hernández, una de las reformas incluidas en el dictamen, y resaltó que derogar este delito tiene que ver con la determinación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad y resolvió que las leyes penales no deben utilizarse para limitar las críticas que la ciudadanía haga a sus autoridades.