- Se inició el análisis de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez, para facultar del recurso de procedimiento abreviado a la defensa de las personas imputadas.
- El objetivo es que el sistema de justicia no discrimine, no retrase y no olvide a nadie: legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo.
Para seguir dando pasos firmes hacia un sistema de justicia más eficiente, equitativo y humano, que “no discrimine, no retrase y no olvide a nadie”, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la LXII Legislatura mexiquense, respaldó la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que la aplicación del procedimiento abreviado también sea una facultad de las personas imputadas, y no exclusivamente del ministerio público a nivel nacional.
En reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Procuración y Administración de Justicia, acompañado por representantes del gobierno estatal, el legislador Carlos Martínez subrayó que esta propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales es una muestra del liderazgo humanista de la mandataria mexiquense, quien ha visitado recientemente centros penitenciarios, donde ha escuchado a personas privadas de su libertad.
La iniciativa (que de dictaminarse y aprobarse en Pleno sería turnada al Congreso de la Unión) busca que las personas imputadas tengan la facultad de acceder al procedimiento abreviado, como una forma de terminación anticipada del proceso penal.
Actualmente estas personas, aunque estén dispuestas a aceptar su responsabilidad y las consecuencias legales, no pueden activar este mecanismo por sí mismas, lo cual contraviene principios fundamentales de igualdad, acceso efectivo a la justicia y debido proceso.
Al respecto, Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría Pública estatal, explicó que la propuesta busca la igualdad entre las partes y aligerar el trabajo de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Por su parte, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dijo que es una reforma noble que facilita los procedimientos, con alicientes para la reparación del daño y la readaptación social.