- La propuesta establece que las tareas de investigación de faltas administrativas se enfoquen solo en la Legislatura.
- Cada órgano interno de control de los entes deberá hacer lo correspondiente.
La legisladora María José Pérez Domínguez (morena) presentó una iniciativa para delimitar las atribuciones de la Contraloría del Poder Legislativo, para que exclusivamente se encargue de la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas y funcionarias adscritas a la Legislatura mexiquense.
La propuesta, destacó la diputada, mejorará las tareas de la dependencia, a la cual también se le cambiaría su denominación a “Contraloría Interna de la Legislatura”, dado que, si tiene que ejercer su función fiscalizadora en otros entes, se auxiliará del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
La proponente enfatizó que la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas deben estar a cargo de los órganos internos de control de cada una de las entidades involucradas, no sólo de la contraloría legislativa.
Además, se propone que la persona titular de la contraloría sea nombrada por el pleno legislativo para un periodo de cuatro años, a través de una terna que presente la Junta de Coordinación Política.
Para este cargo, se establecen como requisitos: contar con la ciudadanía mexiquense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoria, por delito grave o doloso de carácter patrimonial, ni sancionado con destitución del empleo, cargo o comisión, o inhabilitación en procedimiento de responsabilidad administrativa.
Así como poseer título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contables–administrativas, con experiencia profesional mínima de tres años.
Por otro lado, se señala que, en casos de faltas administrativas, catalogadas como graves, la contraloría deberá turnarlas al OSFEM o al Tribunal de Justicia Administrativa estatal, según corresponda.
Esta iniciativa plantea reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.