- Hernández Cardoso denuncia por peculado y corrupción a edil preso por secuestro express con fines de extorsión.
- De ser encontrado culpable podría ser sentenciado hasta por 64 años más independientemente del proceso anterior
Mario Hernández Cardoso, décimo regidor del Ayuntamiento de Toluca denunció penalmente al ex alcalde Raymundo “N” por los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones, agravio a la hacienda pública y peculado, donde el monto asciende a los más de 237 millones de pesos.
En reunión con los medios comentó que además el OSFEM realizó una observación solamente a la cuenta del 2022 por más de 2 mil 577 millones de pesos, de los cuales, el ahora titular de la administración no ha dicho que se pudo subsanar y que no.
“Todo lo que como funcionario y ciudadano estoy denunciando es público, se pueden encontrar en las diferentes plataformas oficiales de transparencia, además de que las denuncias no son patito, si proceden”, indicó.
El regidor descartó que la información emitida a los medios tuviera tintes políticos o para generar grilla barata porque elecciones ya están cerca, “para nada, una nos tardamos porque lo hicimos para integral la carpeta y los elementos para que así proceda y no por hacer denuncias patio, ni por un tema mediático”.
Mario Cardoso, precisó que el mayor número de observaciones del OSFEM son en las adjudicaciones directas y simulación de obra, y no hay forma de comprobar porqué como autoridad no se realizaron las licitaciones correspondientes, sino que todo se le dio a dos o tres empresas que fueron las directamente beneficiadas durante dos años.
Finalmente el edil toluqueño dijo tener miedo a las represalias que pudieran registrarse en su contra, “sí tengo miedo a las represalias, no tengo nada que esconder y si me llega a pasar algo a mi o a mi familia, sería muy evidente saber de dónde vine”.
“La denuncia que hoy estoy presentando se tiene que hacer, porque debe ser un parteaguas para los que vienen, no sabemos quién gobernará los próximos tres años, pero las investigaciones se tienen que realizar hasta las últimas consecuencias y hay gente involucrada de las pasadas administraciones que pague quien tenga que pagar”, concluyó.