- Ejidatarios solicitan atraer caso de corrupción de ex funcionarios de CORETT tolerada por magistrados federales
Ejidatarios de San Mateo Oxtotitlan piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la corrupción de magistrados federales y ex funcionarios de la extinta CORETT en Toluca.
Debido a que Magistrados José Antonio Rodríguez Rodríguez, Noé Adonaí Martínez Berman y Juan Carlos Ortega Castro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Toluca, avalaron actos de corrupción de funcionarios de la extinta CORETT en una presunta regularización de terrenos ejidales.
Por lo que los ejidatarios de San Mateo Oxtotitlán interpusieron una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como una denuncia ante la Fiscalía General de la República, juicio político ante la Cámara de Diputados y pidieron que la Suprema Corte atraiga el caso, ya que el Poder Judicial de la Federación a través de los magistrados excedió sus funciones en beneficio de los defraudadores.
En conferencia de prensa Juan Gabriel Jaimes Jaimes, el asesor jurídico de los afectados aseguró que unos sujetos que laboraban en la extinta Reguladora de Tierra utilizaron empresas fantasma para beneficiarse de la supuesta asesoría a los pobladores.
“Este caso lleva casi 10 años y los afectados desean que ya concluya debido a que les solicitan una cantidad que no pueden pagar por unos ex trabajadores de CORETT que abusaron de su confianza, los ex funcionarios denunciados son Ricardo Loyola Cantú y Manuel Javier Arcos quienes fraguaron todo para hacer que el ejido de San Mateo Oxtotitlán se comprometiera con diversas personas morales ocasionando un desfalco a El Ejido por más de 40 millones de pesos”, indicó.
Dichos ex funcionarios crearon empresas fantasmas y a través de engaños hicieron que los ejidatarios firmaran documentos, con la promesa de que cambiarían el régimen de su tierra para que en menos tiempo pudieran obtener la escrituración y posesión de las mismas.
“Y después de tantos años de pelea, los ejidatarios lo único que están pidiendo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atraer el caso y resolver el fondo del asunto; lo mismo se solicitó a la Fiscalía General de la República por ser ésta la que tiene legitimación para hacerlo; además de que también se hizo del conocimiento a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República”, concluyó.