- El delito se ha incrementado hasta 900 por ciento en los últimos ocho años: Ingrid Schemelensky.
- La reparación del daño debe ser integral, coinciden.
La iniciativa de la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) para armonizar la legislación estatal en materia de abuso sexual infantil y añadir agravantes por este delito fue respaldada por representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), al considerar que es un reclamo de la sociedad.
En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente del órgano legislativo, agradeció las observaciones de la FGJEM y de la SJyDH y adelantó que solicitarán a la Junta de Coordinación Política una reunión de dictamen.
La diputada Ingrid Schemelensky reconoció el esfuerzo conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo para combatir el abuso sexual contra menores de edad que se ha incrementado hasta un 900 por ciento en los últimos ocho años, por lo que indicó que se considerarán sus aportaciones a su iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México.
La diputada propone agregar agravantes cuando el delito sea cometido por familiares y personas que tengan la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente; así como establecer la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.
Alma Delia Sandoval Rodríguez, coordinadora general de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM; y Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y Estudios Normativos de la SJyDH, reconocieron la relevancia de sumar agravantes al delito e indicaron que se podrían integrar los que considera actualmente el delito de violación.
Añadieron que no es necesario agregar lo de la reparación del daño toda vez que ya lo establece el Sistema de Justicia Penal pero sí puntualizar en el Código Penal estatal que la reparación del daño debe ser integral, tanto material como moral.