- El problema exige ir de la mano con las víctimas, a quienes la desaparición impacta emocional y económicamente.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el país 100 mil 889 mujeres y hombres se encuentran en esta situación, la falta de coordinación entre las instancias federales y estatales, así como la carencia de una base de datos a nivel república, imposibilita su localización oportuna, afirmó Javier Yankelevich de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Al participar en el Panel Identificación Forense, como parte de la Jornada “El delito de Desaparición en el estado de México: Causas y Efectos” el experto aclaró que no todas las desapariciones son forzadas, no existe una causa única, se trata de un fenómeno social en el que confluyen distintas circunstancias desde la violencia política sistemática, hasta la falta de cuidados en las familias y planteó la necesidad de un Banco nacional de datos forenses.
Por su parte, Carolina Alanís Moreno, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del GEM, apuntó que esta instancia asigna un asesor jurídico que acompaña a la familia durante todo el proceso y para hacer la declaración especial de ausencia ante un juez de lo familiar, por lo que exige apoyar en los daños colaterales e ir de la mano con las víctimas a quienes el flagelo impacta emocional y económicamente.
Este panel fue moderado por Juan Carlos Abreu y Abreu, director de Compilación y Sistematización de Tesis del PJEdomex. En el Aula Magna de la Escuela Judicial, se desarrolló también el Panel “Mecanismos para la búsqueda, localización y ubicación de personas desaparecidas”.
En su momento, Fernando Acosta, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que este foro contribuirá a avanzar en la solución del problema. Dijo que el último reporte de esta organización estuvo enfocado a la capacidad y respuesta institucional de los servicios médico forenses y periciales. Agregó que de 2018 a 2022, en cinco entidades se concentra casi 50% de personas desaparecidas (Jalisco, estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Tamaulipas) 85% de ellas en edad laboral.
Valentina Peralta Puga de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, indicó que cuando una madre, un padre o un hermano considera que la muerte de su ser amado es la mejor noticia, es porque la desaparición es peor. Como sociedad civil, dijo, marchan, trabajan en el mecanismo de identificación forense, en exhumaciones, hacen caravanas, rescatan familias del olvido, aportan la sangre de padres y madres que han muerto en el camino sin encontrar a sus hijos, por lo que llamó a la conciencia y a la acción de la población y de las autoridades.
La Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, Sol Berenice Ambros Salgado habló de los mecanismos que se aplican a nivel estado de México, apuntó que cuando se escucha la voz de las familias de personas desaparecidas, se logran resultados exitosos y detalló los antecedentes de las áreas especializadas, que datan de 1990 con el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes CAPEA, del entonces Distrito Federal.
Rafael Estrada Michel, Coordinador General de Acceso a la Justicia, moderó el panel en el que también participó Alan García Huitrón, investigador del INACIPE, quien habló de los aspectos antropológicos y criminológicos en la desaparición de personas. Al término de esta sesión, integrantes de Colectivo Feminista Ehécatl; Uniendo Esperanzas y Deudos y Defensores por la Dignidad de nuestros Desaparecidos, compartieron sus experiencias y el impacto que tiene una desaparición en sus vidas.
Este jueves además se desarrollaron los paneles: Políticas Públicas en materia de desaparición e Implicaciones y Consecuencias jurídicas en la desaparición voluntaria e involuntaria de personas.