En la coyuntura para designar titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Ana Yurixi Leyva, secretaria de Asuntos Municipales del Partido del Trabajo (PT), recordó que una de las razones de ser más importantes del nacimiento de ésta dependencia fue garantizar su autonomía, lo que de ninguna manera ocurrirá si los partidos políticos insisten en “meter mano” en el proceso sucesorio.
La petista indicó que si bien está en favor de que se asignen más espacios de decisión y Poder a las mujeres, antes que definirse al nuevo o la nueva fiscal por el género, deben ofrecerse garantías de que servirá solo a la sociedad.
Para Leyva Piñón es preocupante que los nombres hechos públicos hasta ahora tienen por coincidencia su ascendencia política. La designación, lamentó, podría convertirse más en una disputa anticipada por la gubernatura, en que los aspirantes creen tener el derecho de imponer “incondicional” en una dependencia por demás trascendente debido a la delicada labor que desempeña.
Recordó que, a la fecha, entre los personajes que se han mencionado como posibles candidatos al proceso de selección, se encuentran María De La Luz Quiroz Carbajal, coordinadora para la Atención de Delitos de Género; Myrna García Morón, recién designada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem); Miroslava Carrillo, titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM); José Castillo Ambriz, ex presidente del Poder Judicial estatal; la ex consejera jurídica Luz María Zarza; y Jorge Olvera, ex rector y ex titular de la Codhem.
También se han barajado los nombres de Germán Castillo Banuet, hoy fiscal Especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR); y Carlos Antonio Alpízar, ex secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, ambos vinculados al ex procurador Alberto Bazbaz; e incluso a Edmundo Garrido, ex funcionario de Estadística Criminal en la Fiscalía de la Ciudad de México.
En ninguno de los casos, aclaró, se cuestiona su capacidad, menos aún su género, pero sí sus antecedentes políticos, el alto riesgo de perder su independencia e, incluso, la falta de resultados en sus actuales encomiendas.
Si los Poderes Ejecutivo y Legislativo aseguran estar interesados en el bienestar de los mexiquenses, indicó, no pueden imponer un fiscal más preocupado en cumplir los requerimientos de los actores políticos en lugar de implementar las estrategias que lleven a una tan anhelada disminución de los índices delictivos.
Para la petista, es claro que la designación de fiscales “carnales” no ha arrojado buenos dividendos en esa materia. Así, durante la gestión, primero como procurador y después como fiscal, de Alejandro Gómez Sánchez -promovido en su momento por el ex procurador Alberto Bazbaz Sacal, célebre por el caso Paulette-, el Estado de México se mantuvo a la cabeza en el número de delitos a nivel nacional.
Tan sólo de enero a diciembre de 2021, recordó, en la entidad se denunciaron 389 mil 493 delitos de los 2 millones 044 mil 122 en el país. En 2018, fueron 341 mil ilícitos; es decir, lejos de disminuir, fueron al alza.
Y, a pesar de las dos alertas por violencia de género –una por feminicidios y otra por desapariciones-, tampoco la incidencia en delitos contra las mujeres disminuyó: de enero a diciembre de 2021 se denunciaron 143 feminicidios en el Estado de México, de 966 a nivel nacional; además de ubicarse en primer lugar, la entidad mexiquense concentró 14.8% de las denuncias de este tipo.
En el mismo plazo, en territorio estatal se cometieron además 234 homicidios dolosos de mujer, de 2 mil 746 a nivel nacional. Es decir, entre ambos tipos penales, hubo 377 crímenes de mujeres en todo el año, al menos una víctima diaria.
Por tanto, convocó a erradicar las “tentaciones” de “meter mano” en la sucesión, a no encomendar la designación a ex funcionarios de la dependencia que se hicieron célebres al menos por el “montaje” del caso Paulette, y a aspirar con seriedad a la postulación