- Analizan factores civiles, penales, laborales y de protección que inciden en la libertad de prensa.
Senadores y representantes de organizaciones civiles señalaron que México es uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo, a pesar de que libertad de expresión “es el oxígeno de la democracia”, y que a esta situación se agregan nuevos desafíos para los comunicadores, como sus condiciones de trabajo y los ataques y descalificaciones que enfrentan desde el poder.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, y el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria presentaron en el Senado el “Estudio Normativo en las materias Civil, Penal, Laboral y de Protección con miras a la construcción de una propuesta de reformas legislativas en libertad de prensa”.
Ahí, López Rabadán señaló que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, “lo que demuestra que algo está mal en términos de procuración de justicia, derechos humanos y libertades”.
La legisladora del PAN se comprometió a coadyuvar, desde el Poder Legislativo, para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan construir una ley que atienda las amenazas, campañas de desprestigio, acosos legales, entre otros actos preocupantes, en contra de los periodistas.
Porque dijo, estamos obligados ética y moralmente, pero sobre todo normativamente a llevar a cabo esos cambios.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria expresó que la “libertad de expresión es el oxígeno de la democracia” y si este recurso falta “se asfixia la democracia; este es un dilema estructural que sufre el país”.
En este sentido, dijo que se han agregado nuevos desafíos al ejercicio de libertad de expresión, como las condiciones de trabajo, la revolución tecnológica y “los ataques desde el poder, la descalificación desde las más altas cúpulas de la Presidencia, por decirlo claramente, en este ejercicio que se entiende como derecho de réplica, pero no es otra cosa más que abuso de poder”.
Agregó que el factor común es la impunidad y es esencialmente el fenómeno de amenazas que se cumplen con delitos que no se investigan.
Al respecto, el senador Gustavo Madero Muñoz refirió que los datos que aportan las organizaciones civiles Reporteros sin Frontera y Propuesta Cívica demuestran el fracaso y la imposibilidad sistémica del Estado mexicano para proteger actividad de los periodistas.
Agregó que la situación que enfrentan los derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país son críticas y preocupantes.
Por su parte, el senador Germán Martínez Cázares señaló que cuando se corrompe la palabra se debilita la democracia. “La corrupción de la palabra es intimidar a periodistas desde el gobierno y desde los dueños de medios de comunicación también y de eso no se habla”.
En tanto, el director ejecutivo de Reporteros sin Fronteras en Alemania, Christian Mirh, destacó que, por tercer año consecutivo, México es el país más peligroso para ejercer esta labor en el mundo, pues en cinco años, 47 periodistas fueron asesinados. Tan sólo en este año se han registrado siete homicidios de periodistas y en Sonora hay dos desaparecidos.
Lo más trágico, señaló Christian Mirh, es que el 90 por ciento de estos casos queda en la impunidad. Además, mujeres y hombres que ejercen esta profesión sufren amenazas, ataques en redes sociales, campañas de desprestigio, acosos legales.
Adicionalmente, dijo, la impunidad, la coalición de autoridades de gobierno con miembros del crimen organizado, la falta de persecución de los delitos y las deficiencias en la impartición de justicia, son otros de los factores que explican por qué México es un país peligroso para el gremio periodístico.
“El Estado está implicado en las desapariciones forzadas. Este delito es perpetrado con toda discreción de impunidad por cada vez más regímenes en el mundo y es reconocido desde el 2002 de crimen de Lesa Humanidad”, indicó.
El coordinador Regional de Reporteros Sin Fronteras en Latinoamérica, Emmanuel Colombié, dio a conocer que nuestro país ocupa el lugar 143, de 180 naciones, en la clasificación mundial de la libertad de prensa, que se difunden todos los años. “Es una posición indigna, en un Estado de derecho”.
La directora ejecutiva de la Organización Civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que el objetivo de la investigación que realizaron en este tema es para lograr leyes protectoras y garantes de la libertad de prensa.