- Se “rapan” porque el Poder Judicial mexiquense impide liberar a decenas de personas injustamente presas.
- El Poder Judicial mexiquense protege al gobernador Alfredo del Mazo Maza, no al pueblo.
- El sistema de impartición de justicia mexiquense revictimiza a las personas.
- Es urgente la intervención de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet
En un acto de resistencia civil pacífica, mujeres familiares de personas injustamente presas han decidido despojarse de sus cabelleras al considerar que el Poder Judicial violenta los alcances de la Ley de Amnistía.
Acompañadas por personal del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), unas 25 mujeres decidieron “raparse” al considerar que los integrantes del Poder Judicial mexiquense impiden liberar a decenas de personas injustamente presas.
“La única explicación que encontramos es que, el Poder Judicial mexiquense protege al gobernador Alfredo del Mazo Maza no al pueblo, ya que organismos públicos han constatado que en decenas de casos se han registrado atropellos a los derechos humanos y al debido proceso”, afirmó una mujer durante el acto de protesta.
Por su parte, el abogado José Antonio Lara Duque resaltó que esta acción de protesta civil pacífica pone en la discusión pública que el sistema de impartición de justicia mexiquense revictimiza a las personas, ya que “tiene en sus manos un instrumento jurídico lo suficientemente sólido para reconocer que hubo violaciones a derechos humanos.
“Por si fuera poco, la comisión estatal en esta materia se ha pronunciado en, al menos, una veintena de casos donde estas personas fueron vulneradas en sus derechos humanos y en el debido proceso; aún así el Poder Judicial insiste en mantenerlos en prisión, pese a la Ley de Amnistía vigente”, expresó.
Puso énfasis en que la Ley, en su artículo cuarto, fracción número doce, explica -de manera clara- que una vez que la comisión local ha estudiado el caso y evidenciado estas violaciones, la persona debe quedar en libertad, es decir, el pronunciamiento de la Comisión Estatal mexiquense es vinculante.
A la letra, dicho artículo citado explica que, aquellas personas privadas de su libertad “que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a los derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad”.
De esta forma, el Poder Judicial mexiquense intenta confundir afín de que estas personas violentadas en sus garantías individuales continúen en prisión, pese a que la Ley de Amnistía impulsa su libertad al demostrarse que sus derechos humanos fueron vulnerados, explicó Lara Duque.
El abogado, cofundador de CDHZL, recordó que ya se ha solicitado la intervención “inmediata y urgente” de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en nuestro país.
Así como de la Secretaría de Gobernación, que dirige Olga Sánchez Cordero, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para hacer valer una de las cien promesas de campaña que promovió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lara Duque subrayó que las acciones de resistencia civil pacíficas continuarán por parte de los familiares, hasta “hacer valer la amnistía y ver en libertad a las personas inocentes”.