- La FGJEM debe crear una plataforma digital que agilice estas consultas.
- Hacer pública esta información que ayudaría a tomar decisiones laborales y personales.
La diputada Brenda Escamilla Sámano propuso reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que este organismo implemente un portal digital de acceso público al registro de antecedentes penales y administrativos, en el cual sea posible consultar, de acuerdo con la versión pública y por medio de expediente digital, el nombre de la persona sentenciada, el tipo del delito cometido, la fecha del cumplimiento de las penas y cuando la pena haya sido sustituida o conmutada.
De acuerdo con la propuesta de la legisladora del grupo parlamentario del PAN, esta plataforma podrá ser consultada cuando la persona física o jurídico colectiva interesada pueda garantizar un interés legítimo y necesario para conocer la información en caso de que este en riesgo la vida o la seguridad de una persona o se pueda vulnerar la conducción de las actividades laborales.
Precisa además que la consulta solo podrá realizarse sobre una sola persona, y en caso de solicitar información sobre otra persona, distinta a la originalmente consultada, será necesario comprobar el interés legítimo para la nueva solicitud.
La legisladora Brenda Escamilla expuso en sesión deliberante que esta iniciativa busca ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones, al poner a su disposición información sobre los antecedentes penales de aquellas personas que hayan cometido un delito sancionado por los tribunales.
Agregó que contar con esa información será útil para prevenir cualquier acto de violencia futuro, respetando siempre la protección de datos personales y argumentando legítimo interés, por lo que esta iniciativa pretende ser una herramienta de protección al ciudadano y a las organizaciones, sin violentar los derechos, y ya sea por fines de trabajo o personales esta posibilidad de acceso a información judicial abre un panorama enorme para las instituciones a la hora de contratar y para las personas, en el momento de fraternizar, indicó.
La iniciativa, remitida para su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE), en 2019, 29.2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, es decir que más de un cuarto de las familias mexicanas ha sufrido por la delincuencia.
