- El uso de los recursos públicos deberá guiarse por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
- Las y los trabajadores gubernamentales deberán obedecer estos principios sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
El Congreso del Estado de México aprobó de manera unánime incorporar a la Constitución Política estatal los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, consolidándolos como un derecho de los mexiquenses y una obligación en el servicio gubernamental, contribuyendo a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, así como a una gestión orientada por los resultados.
De acuerdo con las reformas impulsadas de forma diferenciada por los diputados Marlon Martínez Martínez, coordinador parlamentario del PRI, y Edgar Armando Olvera Higuera, del PAN, se establece que los recursos cuya captación y administración corresponda a las autoridades estatales, municipales y órganos autónomos se aplicarán con base en dichos principios, garantizando la atención y solución de las necesidades de la población.
Para ello, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios estarán orientados a la asignación prudente de los recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y los beneficios para la población
Conforme al dictamen presentado al Pleno legislativo por el diputado Juan Maccise Naime (PRI), cuando las licitaciones a las que hace referencia la propia Constitución no sean idóneas para asegurar dichos principios, las leyes establecerán las bases, reglas y requisitos para acreditarlos.
También establece que quienes integran el servicio público tendrán la obligación de aplicar con base en estos principios los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Las y los legisladores determinaron que la reforma a los artículos 19, 125 y 129 armonizan la Constitución Política estatal con lo establecido en la Carta Magna, en cuanto al ejercicio transparente de los recursos públicos, lo que trae consigo la recuperación de la confianza de la ciudadanía en su gobierno, motiva la profesionalización y, en general, mejora el desempeño.
