Resultarían afectadas alrededor de 200 mil unidades económicas de toda la cadena productiva de la industria alimentaria por la prohibición de la denominada comida chatarra.
Las recientes iniciativas en diversos puntos del país por la prohibición de la comercialización, distribución, donación, suministro, -entre otros- de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico ponen en riesgo a un gran número de empresas de país y muy particular del Estado de México que representa el 12% del total de establecimientos del país.
Estas iniciativas pretenden como objetivo contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, sin embargo, los pronunciamientos de las organizaciones empresariales y patronales del país han coincidido en los riesgos de estas medidas que se resumen en la pérdida de inversión y empleos, además que no resuelven temas de fondo sobre la salud de la población mexicana.
Al respecto, Laura González, presidenta del CCE Estado de México se sumó al punto de que estas propuestas no resuelven un problema de salud pública y por el contrario pueden incidir en el incremento del comercio informal y la venta ilícita de los productos que se pretende prohibir. En realidad para atacar este problema, podrían realizarse campañas masivas informativas sobre nutrición adecuada a padres de familia, a estudiantes y en el sector salud a la población en general para crear conciencia sobre los beneficios de una alimentación equilibrada y por lo tanto sana.
Como sector económico nos unimos a los llamados generalizados del sector empresarial para evitar disposiciones que provoquen otro tipo de problemas como la pérdida de empleos, que de por si ya es elevada por causas de la crisis económica, dialogaremos al respecto con autoridades y legisladores para poner sobre la mesa el posible impacto económico y laboral que de entrada en el Estado de México podría superar las 200 mil unidades económicas de giros como: industria alimentaria, de conservas, refresquera, tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, venta de alimentos, comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas; siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más afectadas.